Fue ratificada la condena del Gral. Jesús Arias Cabrales;
deberá pasar Treinta y Cinco años en la cárcel por la desaparición de cuatro rehenes
y una guerrillera (Irma Franco) sacados con vida del Palacio de Justicia, uniéndose
en la cárcel al Gral. Plazas Vega, que fue el primer militar condenado por lo
referente a esta toma y a la espera de lo que suceda con los Generales Iván Ramírez
y Edilberto Sánchez, que tienen procesos en curso.
En cambio, el M-19 fue indultado y participó en la
elaboración de la constituyente con mayoría sobre otras comunidades políticas, ha
tenido candidatos a la presidencia de la república, ha tenido senadores,
ministros, concejales, gobernadores, alcaldes y nunca, lease bien, nunca, un
preso por la masacre del palacio donde fueron actores principales.
Son muchas las voces que se oyen apoyando las condenas a
militares, las de los medios, de algunos políticos y familiares de desaparecidos y
muertos en la toma; para ellos se llama justicia, pero votaron por militantes
del M-19 que se candidatizaron a cargos públicos, olvidando lo que hicieron en
los acontecimientos por los que están condenando a los otros actores.
Al Gral. Plazas Vega le imputaron Treinta años por la desaparición
de once personas, entre ellas una guerrillera, pero ahora se comprueba que no
son ese número, sino cinco, ¿Qué pasa jurídicamente?
Y que va a pasar en Colombia donde el gobierno condena a
militares que, equivocados o no, defendieron la democracia, pero protege a
terroristas para poderlos sentar con total impunidad a negociar en la misma
mesa donde están militares activos y retirados, mientras el Ejército se mata
por todo el territorio buscándolos para presentarlos a los tribunales a que respondan
por sus delitos contra la sociedad.
Con su pasividad, por su ninguna reacción ante hechos
atentatorios contra el honor militar, por
su aceptación a negociar de tú a tú con terrorista a quienes combate ¿Ha perdido el Ejército autoridad para exigir
respeto?