¿UN PUEBLO SIN PODER?

El Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA, exmagistrado de la Corte Constitucional y columnista del periódico "El Satelite", publicó en su espacio el siguiente artículo, es una descarnada descripción del vergonzoso accionar de nuestros políticos, que nos deja ante el mundo, casi como república bananera

El derecho a la PAZ frente al derecho de REBELIÓN

El poder constituido en Colombia ha cometido en el año de gracia 2016 un execrable ‘soberanicidio’: crimen que va más allá del genocidio, pues, ya no se trata del exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos, sino de la muerte del poder popular, ese inmenso pedestal en que descansa la democracia universal. 

En años anteriores habíamos tenido varias tentativas de 'soberanicidio', pero nunca se había consumado. Ahora, bajo la excusa de la paz, no sólo se recorrió todo el íter criminis (camino del delito), sino que se ejecutó con alevosía y premeditación.

El presidente Santos y sus áulicos (sedicentes demócratas), se habían comprometido a someter y respetar la última palabra del pueblo sobre los acuerdos de La Habana (VER: “En cuestiones de paz, el pueblo tendrá laúltima palabra”, pues, se trataba de la decisión política más importante de Colombia en los últimos 60 años, decían… Pero, cuando el resultado no les favoreció, se les cayó el disfraz de demócratas y apareció su verdadera identidad de nazi-fascistas, dentro de la cual se pregona la supuesta ignorancia del pueblo, obviamente, cuando la voluntad popular va en contravía de sus intereses despóticos.

La verdad histórica es que no hay nada más peligroso para la salud democrática que tolerar la concentración del poder en pocas manos, al punto en que se convierta en algo más fuerte que el mismo Estado democrático. Eso, en esencia, es el fascismo, la apropiación del Estado por parte de un individuo o de un grupo político capaz de controlar el poder total, tras la muerte del poder popular a través de lo que aquí llamamos ahora “soberanicidio”.

Como el Estado totalitario parte del supuesto de la desigualdad de los hombres, la élite gobernante (hombres superiores), no confía en los hombres inferiores (el pueblo), lo que se traduce en desprecio, exclusión y en la eliminación del sufragio universal. Sobraría decir que, quien no acepta la soberanía del pueblo no es demócrata. Tampoco lo es, quien no acepte que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos.

Pues bien, los tres poderes constituidos en Colombia: Ejecutivo (Presidente), Legislativo (Congreso) y Judicial (altas cortes), sincrónicamente, procedieron a ejecutar el plan de asesinar al soberano y usurpar su poder.

El primero en actuar fue el Presidente de la República, quien había prometido respetar la decisión del soberano; que además, por ser sobre un plebiscito implicaba un rechazo a su persona, a su política y a su gobierno. Al perder el plebiscito, sin ruborizarse, desconoció la voluntad popular, se quito el disfraz y se proclamó en alianza con el Congreso, cuyos congresistas, en su gran mayoría, al apoyar el SÍ, también habían sido derrotados por el pueblo.

Y lo inaudito ocurrió: estos desvergonzados, en un acto de prestidigitación jurídica mafiosa,  no solo no renunciaron como consecuencia de su derrota política, sino que se atornillaron más al poder, declarándose dueños de la soberanía y de su principal atributo el poder constituyente.

Corte cortesana

Finalmente, para asestar el golpe de gracia (el ‘soberanicidio’), apareció la Corte Constitucional; la misma que le viene confeccionando hace años sentencias a la medida al gobierno de turno, ignorando lo que dijera el sacrificado constitucionalista en el Holocausto del Palacio de Justicia, Manuel Gaona Cruz: “lo que la carta manda a la Corte, es que guarde la Carta y no que le haga la corte a quienes violan la Carta”. En una palabra: que la Corte sea Corte y no CORTESANA.

En una actitud cortesana con los poderes constituidos, la Corte Constitucional, contra toda la tradición y principios constitucionales universales y nacionales, cometió varios exabruptos jurídicos y lógicos: el primero que las decisiones del pueblo soberano y constituyente, no obligan a los poderes constituidos. Que la decisión del pueblo soberano, es apenas uno de los tantos requisitos previos a la decisión del órgano constituido (Congreso), que este puede desechar si le da la gana.

Esta tesis cortesana es un exabrupto jurídico y lógico, pues, coloca a los súbditos y dependientes del pueblo, por encima del pueblo soberano y constituyente; coloca al mandadero por encima de su mandante; es un exabrupto también contra los principios constitucionales democráticos, ya que desconoce la tradición jurídica que viene desde Aristóteles, hace 2.500 años para quien la soberanía del pueblo está por encima de las leyes. Desde los griegos atenienses la democracia tiene tres elementos fundamentales: poder del pueblo (soberanía popular); libertad e igualdad de los hombres. Para Aristóteles en su libro La Política era evidente que "La democracia es la forma en que la soberanía del pueblo está por encima de las Leyes". “Forzosamente tiene que ser soberana la muchedumbre, y lo que apruebe la mayoría, eso tiene que ser el fin y lo justo...”.

Siendo la soberanía el máximo poder político; el único soberano que existe en la constitución colombiana es el pueblo colombiano, de modo que el Presidente, el Congreso y las altas cortes, actúan como súbditos, dependientes, mensajeros o mandatarios del pueblo colombiano, pero nunca están por encima de él. Si el pueblo ejerce la soberanía, como la ejerció durante el plebiscito, ningún otro poder, y mucho menos un poder constituido (llámense Presidente, Congreso o Cortes), puede desconocer lo que decidió el pueblo mediante este ejercicio de la soberanía. La única manera de anular lo que el pueblo decida cuando ejerce la soberanía, es convocándolo otra vez para que éste adopte otra decisión. Jamás un órgano constituido tiene el poder para anular la decisión del constituyente (el pueblo), pues, solo otra decisión popular puede revocar lo que el pueblo haya decidido previamente. Mucho menos, puede desconocerlo o convertirlo en un requisito intrascendente, o en un apéndice, de la decisión que le dé la gana de adoptar al Congreso; pues, esto es convertir al Congreso en amo del pueblo; en patrono del pueblo, es decir, entregarle el poder absoluto al súbdito quitándoselo al soberano: ¡Qué horror!

El otro exabrupto jurídico consiste también, como el anterior caso, en invertir la relación pueblo soberano-súbdito, afirmando que el pueblo mayoritario no puede adoptar decisiones sobre todos los asuntos de la sociedad; y que un órgano constituido como el Congreso o la Corte Constitucional, puede anular la voluntad mayoritaria del pueblo.

Derecho a la igualdad

Ya sabemos que uno de los pilares fundamentales de la democracia es también la igualdad. La regla general en el Estado de Derecho es la igualdad formal o ante la ley. Esta igualdad significó una verdadera revolución, que sólo podemos captar en su justa dimensión cuando observamos que en la sociedad feudal los hombres no eran iguales ante la ley y que sus derechos y obligaciones dependían de la clase social a la que pertenecían, de modo que el miembro de la nobleza tenía derechos mayores que los de las otras clases (clero, naciente burguesía, ciervos de la gleba, etc.), lo que lleva a Sieyes a decir que mientras la naciente burguesía tenía muchas obligaciones, pero muy pocos derechos. Por esta razón, cuando las revoluciones burguesas hicieron a todos los hombres iguales ante la ley dieron un gran paso hacia la dignidad del hombre.

La igualdad formal --o ante la ley-- se rompe de dos maneras: a) Mediante el privilegio: dándole algo a alguien que no le damos a los demás; b) Mediante la discriminación: no dándole a alguno(s) lo que le doy a todos los demás. Por ejemplo, no le doy el derecho al voto a los negros. En síntesis, La igualdad formal o ante la ley, se puede romper hacia arriba, concediendo privilegios; o hacia abajo, discriminando. Queremos advertir que las formas de discriminación previstas en el artículo 13 de nuestra Constitución no son las únicas que pueden existir.

Como la regla general en el Estado de Derecho es que los hombres son iguales, y la excepción es que son desiguales, es la desigualdad la que requiere justificación de por qué hay que tratar de forma desigual, una prueba y una carga argumentativa que no requiere la igualdad formal. La igualdad de trato tampoco requiere justificación, en cambio la disparidad de tratamiento necesita siempre ser justificada.

Las mayorías pueden decidir en el Estado de Derecho sobre todos los asuntos, con la condición de que conserven la igualdad de todos los hombres. A contrario sensu, las mayorías, excepcionalmente, no pueden decidir sobre ciertos asuntos, cuando esa decisión discrimine a las minorías.

El exabrupto de la corte consiste en que convierte la excepción en regla general; y la regla general en excepción. Al invertir la relación entre igualdad y desigualdad; entre regla general y excepción, la Corte Constitucional sienta un gravísimo precedente contra la democracia, pues, la convierte en ¡gobierno de las minorías! Es decir, en tipos de aristocracia, oligarquía, plutocracia, monarquía  o nazi fascismo, formas todas que tienen en común el desprecio por las mayorías y que se traducen en el gobierno de minorías, elites o castas.

No existe duda de que en ejercicio de su derecho a la paz, que tenemos todos los colombianos, el pueblo puede decidir entre la visión uribista-santista, de una paz pequeña, sin cambio del modelo económico en la que coinciden Uribe y Santos, que no es más que la cesación parcial de un conflicto armado, o decidirse por la visión que tenemos otros de una verdadera paz con justicia social, esto es, con más derechos para el pueblo, que decide por sí mismo, si quiere una paz más completa.

La comedia jurídica

La falta de independencia de la Corte Constitucional (con la excepción de algunos magistrados), ante el Gobierno, el Congreso y otros poderes constituidos, es un hecho notorio, que como tal, no necesita prueba: primero, referéndum a la medida del Presidente y luego plebiscito también a la medida del Presidente; y cuando éste lo pierde, el descaro, osadía e insolencia es declarar que el Presidente y el Congreso, están por encima de la voluntad popular

¡Qué grave para los derechos del pueblo, cuando se juntan -así sea excepcionalmente-incapacidad, corrupción y falta de independencia en la judicatura!

Una de las misiones de la próxima asamblea constituyente, debe ser, precisamente, buscar por todos los medios, que todos los jueces sean honestos, capaces e independientes.

Como si esto fuera poco, otros desconocedores de la soberanía popular han solicitado ante el honorable Consejo de Estado que se anule la decisión popular. Su argumento central es que algunos de los promotores del NO mintieron. Con este argumento podemos estar de acuerdo y de paso agregar que también mintieron algunos de los promotores del SÍ, comenzando por el propio Gobierno Nacional. Pero, probar que Uribe y Santos mintieron, no implica necesariamente haber probado que todos los que votaron por el SÍ, estuvieron determinados por Santos o todos los que votaron por el NO, estuvieron determinados por Uribe.

En nuestro caso personal, ni las mentiras de Santos ni las de Uribe nos determinaron a votar SÍ o NO, ya que votamos contra ambos; y esto es válido también para mucha gente que votó por el SÍ o por el NO, independientemente de lo que dijeron Santos o Uribe. Desde el punto de vista procesal, no sabemos si la magistrada ponente en el Consejo de Estado, votó o no votó; si no lo hizo, incumplió un deber cívico y si lo hizo, sólo existían tres posibilidades: votar como nosotros, contra las mentiras de Santos y Uribe; votar por el SÍ de Santos, y en ese caso estaba impedida para conocer del asunto, ya que habría tomado partido por el SÍ; e igual situación se presentaría si votó por el NO, pues, estaría litigando en causa propia. Lo que no puede aceptarse bajo ningún supuesto, es que bajo el pretexto de que Uribe y Santos mintieron, se anule la decisión del soberano.

La tesis de quienes piden la nulidad tiene una premisa implícita absurda, pues, consideran  al elector como un orate o un oligofrénico, desconociendo que somos seres racionales y por lo mismo libres y autónomos, con capacidad para discernir cuando Uribe y Santos mienten, como fue el caso del plebiscito, y precisamente por eso votamos contra los dos, por una constituyente.

Tanto Uribe como Santos, con la complicidad de algunos congresistas han desconocido la voluntad popular expresada mediante plebiscito, como fue el caso de Santos, o mediante referéndum, como fue el caso de Uribe. En ambos casos, lo que negó el pueblo, tanto en el referéndum de Uribe como en el plebiscito de Santos, fue introducido y aprobado posteriormente por medio del Congreso, contra la voluntad popular; en ambos casos se desconoció la soberanía popular y en ambos casos se usurpó la soberanía por parte del Congreso. En ambos casos, entonces, se cometió ‘soberanicidio’,

Quienes han usurpado la soberanía en Colombia, lo han hecho de la forma más burda y chabacana: deshicieron un plebiscito por medio de una proposición, dejando los acuerdos de La Habana pendientes de un hilo. Mañana, cuando el péndulo político cambie, bastará una proposición que diga que la proposición anterior queda sin ningún efecto jurídico, o que los acuerdos no tienen ningún valor, y no debería sorprendernos que quienes aprueben la nueva proposición, sean los mismos congresistas que hoy dicen estar por la paz de Santos, así como ayer estuvieron por la guerra de Uribe y mañana estarán del lado del nuevo gobernante de turno; y, por supuesto, con la novísima figura de su correspondiente ‘fast track’ legislativo.

Derecho de resistencia civil

A los usurpadores de ayer y de hoy, viene bien recordarles que, así como el pueblo tiene derecho a la paz, también tiene el derecho de rebelión, derecho de revolución o derecho de resistencia a la opresión implícito en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, que en su párrafo más famoso declara:

Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad.

A los usurpadores de la soberanía popular, les manifestamos que la sociedad civil no se la dejará arrebatar impunemente; que la sociedad civil tiene un programa para una verdadera paz con justicia social que propone cambiar el modelo económico, político y social de Colombia; que esta sociedad civil seguirá en las calles y en las plazas públicas defendiendo la constituyente popular y democrática para evitar que los órganos constituidos vuelvan a cometer otro ‘soberanicidio’ contra el pueblo que encarna en la democracia el supremo poder constituyente.


Se reproduce con el permiso del Grupo Editorial del periódico "El Satélite" 

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La hora de la verdad

Listo, llegó el plebiscito por la aceptación o nó de los acuerdos de la Habana.

Han hablado mucho del tema, los que apoyan el SI y lo han hecho los que se oponen. Todos exponen sus argumentos para aconsejar el voto por uno u otro, pero la aprobación es inevitable sin importar quien tenga la razón, se le ha mentido tanto al país sobre el No y sus consecuencias, que el miedo y la esperanza de un futuro mejor inclinan la balanza hacia la otra alternativa.

El presidente Santos dijo por radio y televisión:
Si se vota NO,  la guerra seguirá , solo que ahora también será urbana, se acaba si se aprueban los acuerdos.

Mintió, o por lo menos no dijo la verdad, la guerra seguirá por que los acuerdos logrados son solamente con uno de los actores generadores de violencia en el territorio colombiano, el ELN continúa su andar, fortalecido con hombres y armas que pasarán de un grupo a otro, no hay que creer que los farianos se concentrarán en un campo para después vivir un tiempo con menos de un salario mínimo, no, ellos están acostumbrados a otra cosa y renunciar a eso no será fácil.

Renacerá el EPL por el mismo motivo y posiblemente surjan nuevos grupos, las BACRIM también tendrán su aporte de las FARC, la ocupación de los terrenos dejados por las FARC ya se inició especialmente por los elenos.

El gobierno tergiversa el panorama y eso hace que la esperanza juegue en favor del SI, por eso digo que el miedo y la esperanza son un factor decisivo en el plebiscito; la aceptación de Santos como gobernante es menor del setenta por ciento, pero la intención de voto por el SI es mayor del sesenta, el pueblo prefiere un mal acuerdo por que cree en los beneficios prometidos.

Mañana la historia señalará errores,engaños y manipulaciones del gobierno y la oposición, desafortunadamente no servirá de mucho, no aprendemos de ella, por eso la repetimos con frecuencia.

Esperemos que al presidente Santos le vaya muy bien en sus aspiraciones futuras fuera del país, tan bien que no tenga que regresar nunca más.

¿Será el final soñado?

El final de los diálogos de paz en la Habana se acerca rápidamente, la firma del último acuerdo en discusión se festejó a lo grande, con acompañamiento internacional, discursos y toda la fanfarria acostumbrada. El país ve con optimismo el hecho y no es para menos, significa el fin de un largo, cruel y costoso accionar de un grupo criminal en toda Colombia, más de medio siglo de lucha con una inmensa mayoría de víctimas, cuya vinculación con el problema era vivir en el país, no se respetaba si eran nacionales o extranjeros.

Se dice con orgullo que las FARC cedieron en todos los puntos tratados, ¿Que cedieron? - No tenían nada, todo fue ganancia, al inicio de su existencia eran guerrilleros, después se convirtieron en secuestradores, extorsionistas, genocidas productores y traficantes de droga, en resumen, toda la gama de la criminalidad y terminaron como pares de la fuerza pública, hablando de tu a tu con los políticos mas representativos del país e imponiendo condiciones.

Se escogieron veinte y tres zonas en las que se concentrarán los guerrilleros, en ella no habrá representantes del estado, ni fuerza pública, la ley y el orden serán impuesto por ellos, son veinte y tres pequeñas repúblicas independientes con una vigencia de seis meses, zonas donde no habrá libre circulación de ciudadanos, ni  de militares, ni de policías. Santos había dicho algo distinto al principio de los diálogos, prometió que en su gobierno no se presentarían esta clase de pérdidas de la soberanía, pero estamos acostumbrados a los reversasos de este gobierno. 

Los guerrilleros rasos irán a zonas de concentración (los medios han evitado especialmente el término "campo de concentración" a pesar de ser sinónimos), pero los jefes negociadores ¿donde se concentrarán? - ¿se someterán después de cuatro años de vida parásita en la Habana, a una de las zonas designadas? - Quien costeará el sostenimiento de toda esta gente, ¿El pueblo, las FARC o pueblo y FARC? - Y finalmente ¿que va a pasar si en la consulta no es aceptado el acuerdo? - Posiblemente para esto sirva el "blindaje" que se aprobó en días pasados.

Sería muy, pero muy bueno si las cosas funcionan como esta previsto, que las FARC no abusen de la ingenuidad de Santos y este no lo haga de la buena fe del pueblo.

Amenaza no tan velada

Según el presidente Santos, el pueblo debe aprobar lo que proponga en el plebiscito, porque si no se pudo con las FARC en en el monte, menos se podrá en áreas urbanas, ya él tiene información de que van a accionar de lleno en ese campo si no se firma la paz como ellos quieren.

La conclusión lógica de sus palabras es que viendo la incapacidad de la fuerza pública de contener a estos terroristas (en este gobierno), la mejor opción es ceder al temor que sus palabras producen y aprobar sin restricciones los acuerdos que se pacten en la Habana. Quizás no sea que nos quiera meter miedo para lograr sus objetivos, sino que eso es realmente lo que cree, tradicionalmente nuestros gobernantes, en su mayoría, han sido cobardes.

Concordando con su jefe, el Ministro de Defensa les dijo a los militares en una ceremonia de cuartel, que ellos serían los mas beneficiados con la firma del acuerdo de paz, tal vez piense que al no verse en la necesidad de combatirlos dejarían de sufrir frustraciones por no poder derrotarlos.

Desde 1991 tenemos Ministro de Defensa civil, si la Fuerza Pública tiene un acierto, son los artífices y así lo pregonan, si hay un error costoso, su responsabilidad es solamente política; eso, sumado al afán de protagonismo y la ambición de la mayoría de los oficiales insignias de militares y policía, más el sometimiento al poder político, han llevado al deterioro de estas instituciones.

Presidente ¡¡RENUNCIE!! y llévese a Villegas y su Canciller.

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De caída en caída

Ya los colombianos vimos con gran decepción, a los generales en uso de retiro, Mora y Naranjo, los más respetados del ejercito y la policía, sentarse en la Habana a negociar con terroristas de la peor calaña, a quienes combatieron durante el ejercicio de sus carreras; luego fue la sorpresa mayor: militares en servicio activo, de alta graduación, sentados en la mesa de negociaciones; vemos con gran preocupación la sumisión del ejecutivo a las exigencias de las FARC y la engañosa forma de presentarnos una noticia, tergiversando los efectos de ésta y ocultando posibles consecuencias con el fin de conseguir la aceptación del pueblo.

Ahora la pretensión de los "guerrilleros" de un diálogo con el político con mejor prestigio en el país, además, jefe de la oposición y que como gobernante le infringió los peores golpes que han sufrido hasta tenerlos al borde de la derrota; en caso de aceptar la solicitud de alias Timochenco sería la tapa de la caja y tal vez la mayor ayuda que Santos recibiría en esta etapa de los diálogos, que ya parece serán eternos, un golpe más al orgullo del pueblo colombiano.

¿Que tiene que ver FARC con el derecho internacional humanitario? Porque esto es precisamente lo que regulan las Convenciones de Ginebra, entonces como es eso de la suscripción de un "acuerdo especial" ante ese organismo, cuyos alcances no están suficientemente claros ante el pueblo, Santos dice una y los analistas del país dicen otra.

Pienso que la oposición en Venezuela es dedil, a veces pusilánime, pero...¿no estaremos igual o peor en Colombia?

El mundo de Subuso

En la segunda mitad del siglo pasado se hizo popular una caricatura que su autor titulaba "El extraño mundo de Subuso". Se trataba de un personaje miope que usaba una gran gorra y enormes gafas que le permitían ver las cosas como las quería ver, por eso su comportamiento era siempre cuestionable, aunque desde la óptica que le permitían sus gafas todo era normal y deseable.

Nuestro presidente no usa gafas (al menos visibles), pero ve las cosas igual que Subuso:

El país bordeando el desastre, amenaza de apagón energético, costo de vida por las nubes, impuestos exagerados por todos lados, salarios irrisorios, clase política en su mayoría corrupta, ministros incapaces, militares al servicio del interés político del gobernante y que en los últimos años han cambiado la interpretación del concepto de "Honor Militar", toma de decisiones que mas adelante se cambian por inconvenientes; así vemos las cosas los ciudadanos comunes y corrientes, pero Subuso con sus gafas tiene otra visión: Optimista, excelente.

Y parece que con esas mismas gafas se ve la toma de Colombia por Nicaragua, la violación constante de la soberanía por parte de Venezuela, la acostumbrada falta de respeto de políticos de ese país a la clase dirigente de Colombia, la corrupción empresarial y de entidades públicas, especialmente de la salud y muy especialmente de la niñez.

El Procurador Ordoñez le recomienda al Presidente Santos que para hacer frente a la situación se amarre los pantalones, de acuerdo, pero primero tiene que ponérselos, ahora viene la arremetida del "Clan Usuga" (antes Urabeños, ahora Autodefensas Gaitanistas) que copiando la historia buscan una mesa de dialogo como lo hizo FARC y ELN para conseguir estatus político y toda clase de prebendas.

Ya van dos mesas de negociaciones, para Subuso una tercera debe ser lo mejor. 

Pero parece que nuestro Subuso no solo tiene problemas con la visión, también auditivos, no oye el clamor general: Esto le quedo grande Señor, hágase a un costado.

Presidente Santos, POR FAVOR  !!RENUNCIE ¡¡

La misma piedra en el camino

El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, mediando en la liberación de Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC, los llamó hermanos, eso es suficiente para saber que es enemigo de la democracia colombiana, del pueblo colombiano, en consecuencia, apoyó a los ecuatorianos en sus protesta a raíz de la muerte de uno de sus hermanos farianos y rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Uribe, siempre incondicional de Chavez y ahora de Maduro - Correa es su ídolo. 

En el 2007 la CIJ dictó sentencia sobre el conflicto fronterizo existente entre Colombia y Nicaragua que reclamaba soberanía sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así también como los islotes  y callos adyacentes, el fallo reconoce la titularidad de Colombia sobre estos territorios, pero pone en duda el límite del meridiano 82.

En Colombia los límites territoriales, marítimos y fluviales con sus vecinos han sido acordados por medio de tratados directos, no es del todo entendible que en Rio de Janeiro el Presidente Uribe y Ortega hayan decidido entregar la delimitación de limites respecto al archipiélago de San Andres a una corte internacional, sin embargo, así se hizo.

Se nombró un equipo de juristas internacionales de gran renombre: Gustavo Arrieta (Colombiano), Manuel José Cepeda (Colombiano), Michael Wood (Inglés), Tulio Treves (Italiano), Matthias Herdegen (Alemán), Michael Reisman (EUA), Rodman Bundy (EUA), Julio Londoño Paredes, encabezados por nuestra hermosa e incompetente canciller Maria Angela Holguín.
Fue un fracaso total, no ganaron media, jurídicamente derrotados en toda la linea, no valieron las burlas contra Nicaragua por su despropósito, la prepotencia de nuestros políticos, todo fue inútil, se perdió hacha, calabaza y miel.

Nueva demanda de Nicaragua ante la CIJ, se nombra al mismo equipo perdedor de 2012, no se cambió nada, los mismos juristas, la misma canciller, las mismas burlas contra los insensatos nicaragüenses, se supone que este equipo aprendió algo del pasado y las cosas en esta oportunidad serán a otro precio.

Quiera Dios que mañana no amanezca siendo nicaragüense.

Hoy fue en Conejo

Y lo que se veía venir llegó, un grueso grupo de guerrilleros de las FARC (500 personas), armados y uniformados, ocuparon Conejo, población guajira, jurisdicción del municipio de Fonseca, hicieron proselitismo político con grupos musicales, tarima, equipos de amplificación y luces. Para que esto fuera posible el Ejercito y la Policía se retiraron del lugar doce horas antes y se apostaron a pocos kilómetros de la entrada de la población sin intervenir. ¿Quien dio esta orden? Se supone que el Comandante en Jefe (el presidente Santos), como reza en el Articulo 189 literal 3 de la Constitución Nacional, o el flamante Ministro de Defensa aplicando el Artículo 217 de esa misma Constitución.

Al dejar desguarnecida la población para facilitar la ocupación guerrillera se atenta contra el Honor de la Institución Militar que esta obligada a velar por la seguridad ciudadana, el Reglamento de Régimen Disciplinario reza: "ARTÍCULO 20. El honor propio y el de la institución militar deben ser considerados como un bien supremo. Por lo tanto será necesario respetar uno y otro", también el Articulo 184 se refiere al caso.

La institución no puede ser usada para fines políticos y eso el Comandante Supremo y Ministro de defensa lo saben, como también lo sabe la Cúpula Militar. 

Esta sucediendo ahora, cuando aun no esta acordado todo, ni el pueblo lo ha avalado, ¿Seguiremos los colombianos siendo espectadores de esta entrega de la nación a un grupo narcoterrorista? ¿Aprobaremos en un plebiscito, constituyente o lo que se escoja, esta claudicación?

Periodista-Periodista

Vicky Dávila es una periodista que ha sido cuestionada en varias ocasiones, por su manera de presentar, por sensacionalista, por desafortunadas entrevistas a algunos personajes, pero en su última intervención como directora de la FM pecó por su absoluta falta de ética, tanta que causó repudio entre muchos de sus colegas periodistas, entre ellos el presidente Santos, al publicar un video de carácter íntimo de un vice-ministro, relacionándolo con el escándalo que enloda a la Policía Nacional, llamado por los medios "La Comunidad de Anillo", que trata de posible red de corrupción y explotación homosexual, que además salpica a políticos y al parecer, empresarios.

La realidad es que en el video no se ve relación alguna con los temas del escándalo, solo es una conversación normal entre dos maricas, voluntaria, sin presión evidente, se cuentan sus experiencias y proponen el acto sexual.

Este video se promociona como prueba de la existencia de la tal "Comunidad", no se sabe dónde está el vínculo, a menos que haya una parte que Vicky se haya guardado, lo cual no es factible dado el carácter sensacionalista de la nota. La periodista renunció a su cargo en la FM, no se conoce disculpa de su parte por el error cometido, aunque no serviría de mucho: ya el mal está hecho.

Al Sr. Carlos Ferro le deseamos (mi circulo familiar y amistades) que pueda demostrar su inocencia en el caso de corrupción que hoy se investiga, tiene nuestro respeto y la admiración para su Sra. Marcela Pineda por su impecable lealtad, su sentido de pertenencia familiar y su gran entereza