El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el pasado 13 de septiembre de 2026 la creación de un nuevo protocolo nacional que autoriza el ingreso de la Policía Nacional a las universidades públicas cuando se presenten ataques contra la fuerza pública, actos de vandalismo o terrorismo desde el interior de los campus.
El mandatario enfatizó que “la autonomía universitaria no es una patente de impunidad” y aseguró que las fuerzas del orden actuarán como primera autoridad operativa de forma preventiva y flagrante ante alteraciones graves del orden público.
El protocolo debe establecer de manera clara y precisa la diferencia entre una manifestación pacífica y la violenta, donde se usan artefactos explosivos, se destruye infraestructura y vehículos y se agrede a fuerza pública y civiles.
Los protagonistas de estos actos de violencia desde el interior de universidades son siempre o casi siempre particulares; los estudiantes raras veces denuncian a estos extremistas ingresando, preparándose para atacar o almacenando material para armas. ¿Esto no es suficiente para intervenir? La universidad no puede y no tiene los medios para atacar el problema; su esquema de seguridad no está armado y es bastante dudosa la preparación para enfrentar grupos armados.
Bajo este enfoque, cuando una institución pierde el control de su territorio y se pone en riesgo la vida de la comunidad académica y de los ciudadanos de los alrededores, el Estado tiene la obligación constitucional de intervenir para restablecer el orden público, y es aquí donde se aplicaría el protocolo de intervención.
A menudo puede ocurrir que la Fuerza Pública ingrese bajo la sospecha de que "todos ocultan algo", rompiendo las garantías del debido proceso y estigmatizando la protesta pacífica bajo la narrativa del terrorismo, o de que en una batalla campal queden estudiantes atrapados entre dos fuegos.
En definitiva, la falta de herramientas de las universidades para contener la violencia criminal es un hecho; la duda radica en si la solución correcta es el ingreso preventivo y flagrante de la Policía o una estrategia de inteligencia externa articulada que no militarice los campus.
